Japón ha comenzado a verter al océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua tratada con radiactividad proveniente de la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. Esta acción, que se espera que se prolongue durante décadas, es parte del plan aprobado por el Gobierno japonés hace dos años para desmantelar la central nuclear que sufrió graves daños debido al terremoto y tsunami de 2011. Sin embargo, esta medida ha generado descontento interno y críticas por parte de China, a pesar de contar con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El proceso de vertido, respaldado por el Gobierno japonés desde hace dos años y recientemente aprobado por el OIEA, es un paso fundamental en la compleja tarea de desmantelar la central nuclear, que también incluye la extracción del material nuclear fundido. De acuerdo con Tokyo Electric Power (Tepco), la compañía propietaria de la planta ya ha comenzado el proceso de vertido del agua tratada y hasta el momento se desarrolla sin incidentes en la bomba de agua de mar y las instalaciones circundantes.
A pesar de esto, la decisión de verter el agua ha suscitado objeciones por parte de China, que en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado su oposición y condena esta decisión. China sostiene que el vertido de agua contaminada es un asunto crucial de seguridad nuclear que trasciende las fronteras de Japón y no debería considerarse como un asunto interno. Representantes de seguridad nuclear han tachado la medida del Gobierno japonés de «muy egoísta e irresponsable», debido a que prioriza sus propios intereses sobre el bienestar global y ha anunciado su intención de tomar medidas para proteger el medio ambiente marino, la seguridad alimentaria, la salud pública, y supervisar de cerca los niveles de radiación en el agua después del vertido.
En contraposición, el gobierno japonés ha criticado a China por difundir protestas «sin fundamentos científicos», y ha afirmado que el vertido es seguro, respaldándose en la garantía del OIEA, de que el impacto ambiental y humano será «insignificante». Sin embargo, también existe oposición interna, como la de la industria pesquera japonesa, que teme que las ventas de productos se reduzcan o que se impongan vetos a la exportación. Por ejemplo, Hong Kong y Macao ya han anunciado que dejarán de importar pescado de áreas como Fukushima y Tokio.
El vertido se llevará a cabo de manera gradual y controlada, comenzando con volúmenes pequeños de agua. La primera fase de descarga, que equivale a 7.800 metros cúbicos (aproximadamente 7,8 millones de litros) o tres piscinas olímpicas, se extenderá a lo largo de 17 días. En total, se estima que el proceso completo tomará alrededor de 30 años, según Tepco.
Se han llevado a cabo protestas por parte de grupos civiles en Japón y Corea del Sur, a pesar de que el Gobierno de Seúl también ha asegurado que la descarga del agua es segura. Antes de que comenzara el proceso de vertido, unas decenas de personas se congregaron frente a la sede de Tepco en Tokio, portando letreros con consignas como «No al vertido de agua contaminada en el mar», esta manifestación duró aproximadamente una hora.
Sin embargo, una protesta más significativa tuvo lugar en Seúl, donde cerca de 50 personas se reunieron y la policía detuvo a 14 individuos por irrumpir en el edificio que alberga la embajada japonesa. Este grupo, compuesto en su mayoría por jóvenes, llegó hasta el octavo piso del edificio,
donde se encuentra la embajada, y colgó pancartas en protesta contra el vertido, con lemas como «El mar no es el vertedero de Japón» o «Detengan el vertido de agua contaminada de una vez».
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